Código Civil Artículo 1291 Chile
Código Civil
Artículo 1291.
Si hubiere legados para objetos de beneficencia pública, dará conocimiento de ellos, con inserción de las respectivas cláusulas testamentarias, al ministerio público; a quien asimismo denunciará la negligencia de los herederos o legatarios obligados a ellos, o del curador de la herencia yacente, en su caso.
El ministerio público perseguirá judicialmente a los omisos, o delegará esta gestión al defensor de obras pías.
De los legados destinados a obras de piedad religiosa, como sufragios, aniversarios, capellanías, casas de ejercicios espirituales, fiestas eclesiásticas, y otros semejantes, dará cuenta al ministerio público, y al ordinario eclesiástico, que podrá implorar en su caso ante la autoridad civil las providencias judiciales necesarias para que los obligados a prestar estos legados los cumplan.
El ministerio público, el defensor de obras pías y el ordinario eclesiástico en su caso, podrán también proceder espontáneamente a la diligencia antedicha contra el albacea, los herederos o legatarios omisos.
El mismo derecho se concede a las municipalidades respecto de los legados de utilidad pública en que se interesen los respectivos vecindarios.
Chile Art. 1291 CC
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El artículo 1553 es un artículo que hay que saberse de memoria.
Concordancia Art. 54 letra b) Ley 18.575
Dirección: Quillota, Viña del Mar, Los Andes, Santiago, La Serena, Antofagasta
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Principio de Probidad, en palabras de Luis Cordero Vega “Impone el deber de los funcionarios del Estado de actuar de conformidad a los intereses públicos y fines a los cuales debe servir, prohibiendo otorgar preferencias o de favores al u otras personas”.
“La falta a la probidad se considera como corrupción y puede detonar ilícitos penales y sanciones administrativas.” (Miranda, Ignacio. 2022).
Principio de probidad, algo a menudo olvidado por la administración y los funcionarios, este principio debe estar presente en cada actuación y en todo funcionario sin importar el cargo que ostente.
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“La falta a la probidad se considera como corrupción y puede detonar ilícitos penales y sanciones administrativas.” (Miranda, Ignacio. 2022).
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