< Sobre probidad administrativa aplicable de los organos de la administracion del estado

Sobre probidad administrativa aplicable de los organos de la administracion del estado
Artículo 2.



Sobre probidad administrativa aplicable de los organos de la administracion del estado Artículo 2 Chile



Agrégase el siguiente Título III, nuevo, a la ley Nº 18.575:

\'\'T I T U L O III

De la probidad administrativa

Párrafo 1º

Reglas generales

Artículo 54.- Las autoridades de la Administración
del Estado, cualquiera que sea la denominación con que
las designen la Constitución y las leyes, y los
funcionarios de la Administración Pública, sean de
planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento
al principio de la probidad administrativa.
El principio de la probidad administrativa consiste
en observar una conducta funcionaria intachable y un
desempeño honesto y leal de la función o cargo, con
preeminencia del interés general sobre el particular.
Su inobservancia acarreará las responsabilidades y
sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el
párrafo 4º de este Título, en su caso.
Artículo 55.- El interés general exige el empleo de
medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para
concretar, dentro del orden jurídico, una gestión
eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto
ejercicio del poder público por parte de las autoridades
administrativas; en lo razonable e imparcial de sus
decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas,
planes, programas y acciones; en la integridad ética y
profesional de la administración de los recursos
públicos que se gestionan; en la expedición en el
cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso
ciudadano a la información administrativa, en
conformidad a la ley.

Párrafo 2º

De las inhabilidades e incompatibilidades
administrativas

Artículo 56.- Sin perjuicio de las inhabilidades
especiales que establezca la ley, no podrán ingresar a
cargos en la Administración del Estado:
a) Las personas que tengan vigente o suscriban, por
sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con el
respectivo organismo de la Administración Pública.
Tampoco podrán hacerlo quienes tengan litigios
pendientes con la institución de que se trata, a menos
que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su
cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Igual prohibición regirá respecto de los
directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de
cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos
o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con
el organismo de la Administración a cuyo ingreso se
postule.
b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge,
hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto
de las autoridades y de los funcionarios directivos del
organismo de la administración civil del Estado al que
postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su
equivalente, inclusive.
c) Las personas que se hallen condenadas por crimen
o simple delito.

Artículo 57.- Para los efectos del artículo
anterior, los postulantes a un cargo público deberán
prestar una declaración jurada que acredite que no se
encuentran afectos a alguna de las causales de
inhabilidad previstas en ese artículo.

Artículo 58.- Todos los funcionarios tendrán
derecho a ejercer libremente cualquier profesión,
industria, comercio u oficio conciliable con su posición
en la Administración del Estado, siempre que con ello no
se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus
deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones
o limitaciones establecidas por ley.
Estas actividades deberán desarrollarse siempre
fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados.
Son incompatibles con la función pública las actividades
particulares cuyo ejercicio deba realizarse en horarios
que coincidan total o parcialmente con la jornada de
trabajo que se tenga asignada.
Asimismo, son incompatibles con el ejercicio de la RECTIFICACION
función pública las actividades particulares de las D.O. 22.06.2000
autoridades o funcionarios que se refieran a materias
específicas o casos concretos que deban ser analizados,
informados o resueltos por ellos o por el organismo o
servicio público a que pertenezcan; y la representación
de un tercero en acciones civiles deducidas en contra
de un organismo de la Administración del Estado,
salvo que actúen en favor de alguna de las personas
señaladas en la letra b) del artículo 56 o que medie
disposición especial de ley que regule dicha
representación.
Del mismo modo son incompatibles las actividades de
las ex autoridades o ex funcionarios de una institución
fiscalizadora que impliquen una relación laboral con
entidades del sector privado sujetas a la fiscalización
de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá
hasta seis meses después de haber expirado en funciones.

Párrafo 3º

De la declaración de intereses

Artículo 59.- El Presidente de la República, los
Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Intendentes
y Gobernadores, los Secretarios Regionales
Ministeriales, los Jefes Superiores de Servicio, los
Embajadores, los Consejeros del Consejo de Defensa del
Estado, el Contralor General de la República, los
oficiales Generales y oficiales Superiores de las
Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de
las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Alcaldes,
Concejales y Consejeros Regionales deberán presentar una
declaración de intereses, dentro del plazo de treinta
días contado desde la fecha de asunción del cargo.
Igual obligación recaerá sobre las demás
autoridades y funcionarios directivos, profesionales,
técnicos y fiscalizadores de la Administración del
Estado que se desempeñen hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente.
La obligación de presentar declaración de intereses
regirá independientemente de la declaración de
patrimonio que leyes especiales impongan a esas
autoridades y funcionarios.

Artículo 60.- La declaración de intereses deberá
contener la individualización de las actividades
profesionales y económicas en que participe la autoridad
o el funcionario.

Artículo 61.- La declaración será pública y deberá

actualizarse cada cuatro años, y cada vez que ocurra un
hecho relevante que la modifique.
Se presentará en tres ejemplares, que serán
autentificados al momento de su recepción por el
ministro de fe del órgano u organismo a que pertenezca
el declarante o, en su defecto, ante notario. Uno de
ellos será remitido a la Contraloría General de la
República o a la Contraloría Regional, según
corresponda, para su custodia, archivo y consulta, otro
se depositará en la oficina de personal del órgano u
organismo que los reciba, y otro se devolverá al
interesado.
Artículo 62.- Un reglamento establecerá los
requisitos de las declaraciones de intereses y contendrá
las demás normas necesarias para dar cumplimiento a las
disposiciones de este párrafo.

Párrafo 4º

De la responsabilidad y de las sanciones

Artículo 63.- Las reparticiones encargadas del
control interno en los órganos u organismos de la
Administración del Estado tendrán la obligación de velar
por la observancia de las normas de este Título, sin
perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General
de la República.
La infracción a las conductas exigibles prescritas
en este Título hará incurrir en responsabilidad y traerá
consigo las sanciones que determine la ley. La
responsabilidad administrativa se hará efectiva con
sujeción a las normas estatutarias que rijan al órgano u
organismo en que se produjo la infracción.

Artículo 64.- Contravienen especialmente el
principio de la probidad administrativa, las siguientes
conductas:

1. Usar en beneficio propio o de terceros la
información reservada o privilegiada a que se tuviere
acceso en razón de la función pública que se desempeña;
2. Hacer valer indebidamente la posición
funcionaria para influir sobre una persona con el objeto
de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o
para un tercero;
3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes
de la institución, en provecho propio o de terceros;
4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la
jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del
organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los
institucionales;
5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón
del cargo o función, para sí o para terceros, donativos,
ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.
Exceptúanse de esta prohibición los donativos
oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la
costumbre como manifestaciones de cortesía y buena
educación.
El millaje u otro beneficio similar que otorguen
las líneas aéreas por vuelos nacionales o
internacionales a los que viajen como autoridades o
funcionarios, y que sean financiados con recursos
públicos, no podrán ser utilizados en actividades o
viajes particulares;
6. Intervenir, en razón de las funciones, en
asuntos en que se tenga interés personal o en que lo
tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive.
Asimismo, participar en decisiones en que exista
cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.
Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse
de participar en estos asuntos, debiendo poner en
conocimiento de su superior jerárquico la implicancia
que les afecta;
7. Omitir o eludir la propuesta pública en los
casos que la ley la disponga, y
8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia
y legalidad que rigen el desempeño de los cargos
públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del
ejercicio de los derechos ciudadanos ante la
Administración.
Artículo 65.- La designación de una persona inhábil
será nula. La invalidación no obligará a la restitución
de las remuneraciones percibidas por el inhábil, siempre
que la inadvertencia de la inhabilidad no le sea
imputable.
La nulidad del nombramiento en ningún caso afectará
la validez de los actos realizados entre su designación
y la fecha en que quede firme la declaración de nulidad.
Incurrirá en responsabilidad administrativa todo
funcionario que hubiere intervenido en la tramitación de
un nombramiento irregular y que por negligencia
inexcusable omitiere advertir el vicio que lo
invalidaba.
Artículo 66.- Las inhabilidades sobrevinientes
deberán ser declaradas por el funcionario afectado a su
superior jerárquico dentro de los diez días siguientes a
la configuración de alguna de las causales señaladas en
el artículo 56. En el mismo acto deberá presentar la
renuncia a su cargo o función, salvo que la inhabilidad
derivare de la designación posterior de un directivo
superior, caso en el cual el subalterno en funciones
deberá ser destinado a una dependencia en que no exista
entre ellos una relación jerárquica.
El incumplimiento de esta norma será sancionado con
la medida disciplinaria de destitución del infractor.

Artículo 67.- La no presentación oportuna de la
declaración de intereses será sancionada con multa de
diez a treinta unidades tributarias mensuales,
aplicables a la autoridad o funcionario infractor.
Transcurridos treinta días desde que la declaración
fuere exigible, se presumirá incunplimiento del
infractor y será aplicable lo dispuesto en los incisos
siguientes.
La multa será impuesta administrativamente, por
resolución del jefe superior del servicio o de quien
haga sus veces. Si el infractor fuere el jefe del
servicio, la impondrá el superior jerárquico que
corresponda, o en su defecto, el ministro a cargo de la
Secretaría de Estado mediante el cual el servicio se
encuentra sometido a la supervigilancia del Presidente
de la República. La resolución que imponga la multa
tendrá mérito ejecutivo y será impugnable en la forma y
plazo prescritos por el artículo 70.
No obstante lo señalado en el inciso anterior, el
infractor tendrá el plazo fatal de diez días, contado
desde la notificación de la resolución de multa, para
presentar la declaración omitida. Si así lo hiciere, la
multa se rebajará a la mitad. Si fuere contumaz en la
omisión, procederá la medida disciplinaria de
destitución, que será aplicada por la autoridad llamada
a extender el nombramiento del funcionario.
El incumplimiento de la obligación de actualizar la
declaración de intereses se sancionará con multa de
cinco a quince unidades tributarias mensuales y, en lo
demás, se regirá por lo dispuesto en los incisos segundo
y tercero de este artículo.
El jefe de personal o quien, en razón de sus
funciones, debió haber advertido oportunamente la
omisión de una declaración o de su renovación y no lo
hizo, incurrirá en responsabilidad administrativa.

Artículo 68.- La inclusión de datos relevantes
inexactos y la omisión inexcusable de la información
relevante requerida por la ley en la declaración de
intereses se sancionarán administrativamente con la
medida disciplinaria de destitución.

Artículo 69.- Las declaraciones de inhabilidad y de
intereses se considerarán documentos públicos o
auténticos.

Artículo 70.- Las resoluciones que impongan las
multas contempladas en el artículo 67, serán reclamables
ante la Corte de Apelaciones con jurisdicción en el
lugar en que debió presentarse la declaración. La
reclamación deberá ser fundada, estar acompañada de los
documentos probatorios en que se base y ser presentada
dentro de quinto día de notificada la resolución. La
reclamación será interpuesta ante la autoridad que dictó
la resolución, la que dentro de los dos días hábiles
siguientes deberá enviar a la Corte de Apelaciones todos
los antecedentes del caso. La Corte de Apelaciones
resolverá en cuenta, sin esperar la comparecencia del
reclamante, dentro de los seis días hábiles siguientes
de recibidos por la secretaría del tribunal los
antecedentes o aquellos otros que mande agregar de
oficio. La resolución de la Corte de Apelaciones no será
susceptible de recurso alguno.\'\'.

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